9 de mayo de 2021
Una representación de la ADPP se entrevistó el pasado 7 de mayo, por videoconferencia, con el Secretario General de Función Pública, Javier Rueda y la Vocal Asesora Verónica Puente , ambos del MPTFP del Gobierno de España, para compartir los trabajos realizados hasta la fecha a favor de la implementación de la DPP en nuestro país, las iniciativas que se están desarrollando y sus posicionamientos. En primer lugar, intervino Fernando Monar , presidente de la ADPP , para informar del número y perfiles de las personas asociadas, la política de alianzas - entre ellas los convenios con el IAAP, la facultad de gestión y dirección publica de UVIGO, ... y trasladarles nuestra satisfacción por la intervención del ministro Iceta a favor de la DPP. También les trasladó nuestra apuesta por una dirección publica profesional, abierta y comprometida , con rasgos, entre otros, como: - Convocatoria del puesto con publicidad, en medios que la garanticen, - Carácter abierto de la convocatoria: lo menos posible cerrada a cuerpos, Administraciones, etc. - Requisito de experiencia en la materia - Requisito de alta formación - excepto la que tienda a eliminar competencia porque solo se obtenga en una determinada institución, etc.- - - Requisito de acreditación de competencias directivas Finalmente les invitó a participar en el 2do congreso global , que ahora se está organizando, y les trasladó la convicción de que impulsar la DPP es la mejor palanca para las transformaciones que necesitan las AAPP . La vicepresidenta de la ADPP, Ana Porras se interesó por el calendario para regular la DPP en la AGE y expuso nuestro interés en posicionarnos como colaboradores desde la participación, que ya se está desarrollando en los últimos años- en el plan de gobierno abierto, etc. – en cuanto a la generación de instrumentos relacionados con la función pública y la gobernanza en la AGE. Mencionó las aportaciones hechas a: Ley de Función Pública (10/06/2020) Plan de Gobierno Abierto (16/10/2020) Plan Estratégico del INAP (20/12/2020) Real Decreto por el que se regula el teletrabajo en el ámbito de la AGE (31/03/2021) Y en las actualmente activas: Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés (28/05/2021) Ley de Prevención de Conflictos de Intereses del personal al servicio del sector público (28/05/2021) Además de en normativas autonómicas como: Reglamento de Desarrollo de la Ley de Transparencia de Andalucía (11/01/2021) Ley de Función Pública De Andalucía (14/04/2021). Ana Porras resaltó que creemos que somos el interlocutor natural para fijar el papel de la DPP y que sería bueno que tuviéramos un papel en esta elaboración, y en los procesos de transformación de la función pública y la apertura del gobierno. También agradeció que, en la documentación adjunta del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, componente 11 Modernización de la Administración se menciona a la Dirección Pública Profesional. Y recordó que hemos participado en el Grupo de Trabajo Comunicación/Colaboración Gobierno Abierto. Rodrigo Martín , delegado de gobernanza, internacional y territorial de Madrid, expuso las dificultades para desarrollar la DPP en el mundo local y algún buen ejemplo – como el de la Diputación de Barcelona –, haciendo hincapié en el rol de los gobiernos locales con datos de Eurostat, y subrayando que, en muchos casos, son las organizaciones más grandes (en cuanto a número de personas trabajando) de sus territorios, solo por detrás de hospitales, grandes empresas o sedes de multinacionales. Los presupuestos, las personas que trabajan en ellas y los servicios que prestan han sido esenciales en la respuesta a las crisis por su capilaridad, dijo. Comentó que, en Europa, Estados Unidos, Holanda, Reino Unido, Dinamarca, etc. al frente de la organización municipal está una figura profesionalizada en la gestión equivalente a los City Manager, mientras que, en España, con una regulación estatal de municipios de Gran Población que tiene casi veinte años, salvo en las grandes urbes, la implantación de la DPP ha sido: Objeto de una importante litigiosidad derivada de las luchas de poder por no perder/ocupar ese espacio intermedio entre diferentes grupos de interés y la clase política. Prueba de ello es la Sentencia de 17 de diciembre de 2019, dictada por el Tribunal Supremo en casación que fija como doctrina casacional que del artículo 13 del Estatuto Básico del Empleado Público no resulta la habilitación a los entes locales para regular el régimen jurídico de su personal directivo, deja huérfanos de regulación a los directivos locales y genera una incertidumbre que impide expresar y hacer política en este caso a las Diputaciones, también las numerosas sentencias que han anulado nombramientos de Directivos y directivas. Las convocatorias u oportunidades de ocupar puestos DPP son opciones poco valoradas o aprovechadas por los profesionales de la gestión pública por su falta de publicidad y falta de regulación, por lo que a pesar del talento disponible apenas hay concurrencia. Las leyes de desarrollo del TRLEBEP no contemplan con la profundidad o extensión suficiente la DPP en la Administración Local y aún todavía - 14 años después - hay Comunidades Autónomas que, ni siquiera, la han desarrollado. Por ejemplo, en la S TSJIC 29/1/2019 “Son las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público las que deben establecer los criterios para la determinación de los puestos de trabajo que pueden ser desempeñados por personal diferente a los funcionarios de carrera. Así lo dispone su artículo 11. Y esa llamada no es atendida por la Ley de la Función Pública de Canarias,” Por ello, desde la ADPP se propone que la futura regulación básica local contemple para la Dirección Pública Profesional Local, contemplando aspectos como La posibilidad de que los municipios del régimen común (por ejemplo, hasta 40.000 habitantes como en el País Vasco o singulares, como cementerios nucleares) puedan establecer vía RPT o instrumento similar, puestos DPP. Obligatoriedad, para ese umbral mínimo, de la designación de al menos un puesto en la RPT que sea DPP y hasta un máximo de puestos DPP (p.e. un tercio de los concejales del pleno.) La pre-selección mediante tribunales/comisiones de selección no políticas y externas que evalúen las candidaturas (convenios con Universidades, INAP, Institutos o Escuelas de CCAA) La exigencia de disposición de competencias directivas (vía experiencia, formación o acreditación) El régimen de incompatibilidades, transparencia, rendición de cuentas, conflictos de interés. La situación administrativa en el caso de los funcionarios y regulación de los ceses (motivación, periodos, etc.) ¿Como? Modificando la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local. María José Suasi , vocal de la Junta, expuso las características de la DPP en el anteproyecto de Ley de Función Pública de Andalucía, en el que la ADPP, como se ha dicho, ha participado en el grupo de trabajo, y lo pone como ejemplo para el ámbito de las CCAA para el desarrollo de la DPP. Se trata de una avanzada regulación de la DPP, en la que se da un paso más en cuanto a la definición y regulación de la figura hasta ahora regulada en otras comunidades autónomas - como Extremadura, País Vasco, Illes Balears o Castilla La Mancha, entre otras - incluye temas importantes defendidos desde la ADPP, como: Incluir a los DG y cargos inferiores, nombrados por Consejo de gobierno, dentro del alcance de la DPP. Seleccionar al DPP, por convocatoria abierta y atendiendo a competencias técnicas y directivas. Valoración de los candidatos, por parte de una comisión independiente con colaboración o no de expertos, que selecciona a tres candidatos (al estilo de Portugal). Nombramiento con acuerdo de gestión por objetivos y retribución variable, ligada al cumplimiento de los mismos. Incluyendo el cese del DPP, por una evaluación negativa. Carlos Hernández , secretario y tesorero de la ADPP se refirió a las características del 1er Congreso Global On Line de Dirección Pública Profesional: nº de conferenciantes, principales intervinientes, personas e instituciones… En ese primer congreso, celebrado el 2-3 de diciembre de 2019, supuso un auténtico hito para nuestra Asociación y un reto organizativo de gran envergadura. Para afrontarlo contamos con el apoyo y alianza del IAAP y el soporte del ITCIP. El principal objetivo fue “Identificar y compartirlas mejores prácticas de dirección pública profesional del planeta. Se consiguió la participación de 49 personas – entre ponentes, personas entrevistadas y moderadores y miembros de mesas (44) y autores de papers (5) – de 5 continentes. Contamos con la presencia de países como Chile, México, Argentina, Perú, Francia, Portugal, Israel, Sierra Leona, entre otros y organizaciones internacionales como el CLAD y el BID. Se registraron 300 directivos y se alcanzaron varias decenas de miles de impactos en redes sociales. A continuación, expuso las conclusiones del 1er Congreso : La implementación de la Dirección Pública Profesional (DPP) esa rótula que pone en marcha las relaciones entre política y Administración, tiene un largo recorrido en los países de tradición anglosajona – RU, EEUU, Australia…- y en los del centro y norte de Europa, pero también se está desarrollando en otros como Portugal, Perú o Chile, por sus efectos positivos en la eficiencia y la integridad de los Gobiernos y las Administraciones Públicas. “No habrá buenos resultados de gestión por muy buena política y/o buena función pública que se tenga”, según los académicos. “Donde hay mala dirección no habrá buena Administración” comparten en países como Israel, México, Argentina, Sierra Leona, Francia… En nuestro país se está desarrollando más lentamente, aunque ya se cuenta con buenos ejemplos de “cuasi DPP” mediante iniciativas parciales en algunas Comunidades Autónomas y Gobiernos Locales – Diputaciones, Cabildos y Ayuntamientos. Las dificultades de implementación general se sitúan en una regulación inadecuada – en el EBEP, de forma dispositiva – y en la cultura del “spoilsystem” de partidos políticos. La posición de los decisores sobre las competencias directivas ha de cambiar. La sociedad civil es una buena palanca para la sensibilización y el control, según se desprende de la experiencia de la ACGP y la ADPC de Cataluña y Canarias, respectivamente, y de la ADPP, con la organización de este 1er Congreso Global. Los avances en cuanto a formación en competencias directivas para personas empleadas públicas han sido espectaculares en los últimos años, según se desprende de los trabajos del INAP, la EAPC, el IAAP, la EBAP… o las universidades, como la de UVIGO. Hay Administraciones que se están convirtiendo en tractoras en esta materia, de otras, como la Diputación de Barcelona en relación con sus municipios. La creación de estatutos de DPP puede ser un buen camino, si se crea entre todos, como se mantiene desde Andalucía. La regulación del directivo público tiene un perfil jurídico, pero tiene dos requisitos previos: el del liderazgo político – se lo tiene que creer el gobierno – y que la dirección pública es sobre todo organización. El ejemplo de compromiso de los organismos internacionales o que trabajan en redes internacionales es evidente, según se desprende de las experiencias del BID, el CLAD, la OCDE… Los ODS y la DPP tienen su punto de encuentro en el objetivo 16 – Paz, justicia e instituciones sólidas –, según la AECID. En cuanto al primer nivel de la DPP hay que tener en cuenta que “profesionalizar no es funcionarizar”. La DPP tiene que ver con las competencias directivas, principalmente aunque también con la publicidad, el sistema de vinculación y el de desvinculación, la estabilidad y la independencia…lo que se denomina la “ecología de la DPP”. La inteligencia emocional es también un enfoque clave para la DPP. Los retos en la AGE, las CCAA y las EELL son diferentes, pero tienen un núcleo común. Hay ámbitos de gestión concretos en nuestro país, como el de la Sanidad, especialmente hospitales, o algunos ayuntamientos, con gran tradición en gerenciación. La certificación de competencias directivas es una buena opción tanto para personas empleadas públicas como para las que no lo son y quieren optar a un puesto de DPP. La conducta ética, además de una competencia directiva mas, puede ser una palanca clave de vinculación, como se defiende en la Diputación de Guipúzcoa. Los sindicatos más innovadores pueden contribuir decisivamente a la mejora del clima laboral y la recuperación de los mejores valores del servicio público apoyando la profesionalización de la dirección pública. La aproximación de las personas que desarrollan una función política a los niveles de gestión requiere resituarse y de un proceso de adaptación y aprendizaje. La renuncia de las personas que desarrollan una función política a la libérrima designación de directivos se considera un factor decisivo a favor de la transformación de las Administraciones, y la integridad. María Dapena , vocal de la junta de la ADPP se refirió a la estrategia de las presentaciones territoriales, detallando la última de Galicia, y al historial de publicaciones con WK. En primer lugar, explicó la estrategia de presentaciones territoriales, con el objetivo de generar núcleos de asociados en cada territorio, fomentando la interacción y la difusión de la misión de la Asociación DPP entre dirigentes políticos y posibles interesados. Concretamente en Galicia, en su delegación territorial se encuentran profesionales como Alberto de la Fuente, Isabel Bermúdez, Oscar Briones, Enrique José Varela, Carolina Costoya o Concepción Campos. Los miembros reunidos el pasado 18.02.2021 han acordado el calendario de actividades de presentación y difusión de la Asociación DPP para el 2º trimestre de 2021. Las publicaciones con Wolters Kluwer España , que coordina el profesor Enrique José Varela, el conocimiento generado por los miembros de la Asociación se pone en valor a través del Especial Directivos @WKlegal, que desde hace unos seis meses publica, tanto en abierto como para suscriptores, contenidos elaborados principalmente por las personas asociadas. El Secretario General Javier Rueda, a continuación, nos anunció que la semana próxima, muy probablemente, se dará a conocer el proyecto de ley para institucionalizar la práctica de la evaluación de las políticas públicas y que habrá cauce para la participación. No tienen en cartera modificar la normativa básica (EBEP), si en cambio incidirán, para el tema de la Dirección Pública, en la normativa de la Ley de Función Pública de la AGE. Es pronto para avanzar el modelo, porque está trabajándose por varios departamentos, pero saldrá en los próximos meses, septiembre probablemente. “Es un texto valiente – dijo - que implica un cambio cultural” y cree que es el momento para afrontarlo desde la participación. Para cerrar, Fernando Monar insistió en invitarles institucionalmente a participar en el segundo Congreso Global online de DPP, cuestión que aceptó el Secretario General con un "contad con nosotros", y coincidió en el papel de la DPP como palanca transformadora del cambio. Además, se abrió la posibilidad de colaborar en alguno de los proyectos que tienen en marcha. Asociación Dirección Pública Profesional