La ADPP ha elaborado una encuesta dirigida a personas empleadas de organismos públicos y tiene como objetivo conocer la percepción de la implantación de la dirección pública profesional en la administración pública local.
Sólo a los efectos de este estudio, entendemos como personas directivas públicas a las que son designadas por el ámbito político (presidencia u órganos de gobierno de la entidad local) y dependen directamente de ese ámbito.
Estas personas tienen la responsabilidad de ejecutar las decisiones y acuerdos políticos con relación a:
- la dirección de equipos de personas
- la planificación y coordinación de programas, proyectos y actividades
- la ejecución eficiente y eficaz del presupuesto
- la evaluación de los resultados y los objetivos definidos
- la implantación de medidas de mejora continua y de innovación de los servicios
Como directivos públicos deben gestionar y tomar decisiones con autonomía, profesionalidad, imparcialidad, integridad y transparencia, respetando el marco legal vigente.
Son personas directivas públicas, desde esa perspectiva, por ejemplo, las y los coordinadores generales, directores generales, gerentes de ayuntamientos, o los titulares de los máximos órganos de dirección de los organismos autónomos o entidades públicas empresariales.
Incluimos aquí a las personas empleadas públicas, sean funcionarios con habilitación de carácter nacional o no y que dependen directamente de personas que sean miembros de los equipos de gobierno.